El 25 de octubre de 2020 marca para Chile una fecha para recordar, con la aprobación del Plebiscito Nacional para votar por una nueva Constitución. El tema inició hace un año, a raíz de las manifestaciones de descontento que vivió el país a partir del 18 de octubre de 2019. Ante la presión de las protestas que siguieron, algunas pacíficas y otras no tanto, el Congreso chileno aprobó en la madrugada del 15 de noviembre de ese año que se llevara a cabo una consulta nacional sobre la necesidad de contar con un nuevo marco constitucional.
La fecha sería el 26 de abril de 2020, la cual se postergó para el 25 de octubre de este año debido a la pandemia del COVID-19.
Algunas razones de la consulta
Para muchos chilenos la actual Constitución carece de legitimidad desde su origen, por el hecho de haber nacido durante el régimen de Augusto Pinochet. A pesar de que ha tenido reformas importantes, como por ejemplo la de 1989, para hacer posible la transición a la democracia, o la de 2005, para reducir el papel que habían retenido las fuerzas armadas como poder tutelar sobre el sistema político chileno, la Constitución actual como un todo no cuenta con el apoyo de la población.
Ciertamente, entre las opciones posibles estaba mantener la actual Constitución y modificarla donde hiciera falta para introducir cambios. Sin embargo, para quienes votaron por el “Apruebo” la creación de una nueva Carta Magna abre la posibilidad de hacer los cambios sin candados y a través de un grupo de personas, una Convención Constituyente, con miembros distintos a los legisladores actuales. Para muchos chilenos es también una victoria, pues simboliza el fin del legado de Augusto Pinochet.
Más allá de las dudas sobre su origen, también se disputa que la Constitución es un marco legal “muy rígido”, ya que para modificarlo se requieren mayorías de tres quintos y en algunos casos incluso de dos tercios de los diputados y senadores en ejercicio. Si bien es cierto que existen reglas similares en otros países, como en México, también lo es que en la práctica estas restricciones han funcionado como un obstáculo insuperable en ciertos temas, los llamados enclaves autoritarios, que son normas prácticamente imposibles de cambiar, si se consideran los distintos candados que se pusieron en juego para evitar su modificación.
En cuanto a los contenidos específicos, muchas de las inquietudes que se han expresado están vinculadas con los llamados derechos sociales. En la Constitución vigente se consagra la idea de un Estado subsidiario y un gobierno que no es responsable directo de proveer los servicios como salud, educación o seguridad social. Con esto, la provisión de estos servicios sociales ha quedado a cargo de empresas privadas y el gobierno se limita únicamente a vigilar la manera en la que los particulares proveen esos servicios. En efecto, esta fue una de las mayores demandas de los manifestantes en 2019 y tiene el apoyo de muchos chilenos que han venido presionando para que el Estado se involucre directamente en la prestación de los bienes y servicios que consideran básicos y que también representan una carga económica difícil de llevar, especialmente para los sectores más desprotegidos.
El día del plebiscito en Chile
El Plebiscito finalmente se llevó a cabo con una gran participación de votación ciudadana, pese a la pandemia. Se trató del mayor porcentaje de participación desde que inició el voto voluntario en el 2012. Por una amplia mayoría se impuso el “Apruebo” con el 78.3% de la votación, acompañada de un 79.0% de los sufragios para la creación de una Convención Constitucional, integrada exclusivamente por miembros elegidos popularmente, por sobre la opción de una Convención Mixta Constitucional, integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente y parlamentarios o parlamentarias en ejercicio.
¿Qué se espera para la Constitución de Chile?
Con el “Apruebo” se dio luz verde a la creación de la nueva Carta Magna y a la elección de 155 nuevos representantes, hombres y mujeres en el mismo número, que serán seleccionados por votación popular para redactar el nuevo documento. No solamente se trata del primer órgano paritario en términos de género que se encargue de una tarea así en el mundo, además se contempla una cuota de escaños reservados para los pueblos indígenas. Este es un tema aún pendiente y, aunque existe una iniciativa por ahora aprobada por la comisión de Constitución del Senado, de agregar 23 escaños a los 155 representantes, no se ha logrado un consenso de todos los partidos en los detalles.
Con el “Apruebo”, Chile tiene una hoja en blanco para reescribir su futuro. El próximo 11 de abril de 2021 los ciudadanos volverán a las urnas para elegir a quienes formarán parte de la Convención Constitucional. Únicamente las normas aprobadas por dos tercios de sus integrantes se incluirán en la nueva Constitución.
Una vez que se acuerde un texto, se realizará un nuevo “plebiscito de salida” o ratificatorio, con voto obligatorio, que se realizará 60 días después de la publicación en el Diario Oficial del decreto supremo convocante y a más tardar durante el segundo semestre del 2022.